Jueves, 16 Noviembre 2017 00:00

ONG Codehciu denuncia maniobra judicial para revertir caso de femicidio en Guayana

 
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En 2015, a los funcionarios de la Policía científica le prohibieron hablar de la muerte de Geraldine, esposa del entonces jefe de investigaciones de la Subdelegación Ciudad Guayana del Cicpc En 2015, a los funcionarios de la Policía científica le prohibieron hablar de la muerte de Geraldine, esposa del entonces jefe de investigaciones de la Subdelegación Ciudad Guayana del Cicpc

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehicu) – organización no gubernamental con sede en Ciudad Guayana – expresa su rechazo a la decisión de la Jueza del Tribunal Primero de Juicio de Violencia contra la Mujer en Puerto Ordaz, estado Bolívar, de cambiar la calificación del delito de Femicidio al delito de Homicidio Culposo en el caso del asesinato de Geraldine Tesorero, en noviembre de 2015.

A dos años del asesinato de Geraldine Tesorero a manos de su esposo Carlos Guerrero, quien para ese entonces era jefe de investigaciones del CICPC región Guayana, las partes aguardan el veredicto de la jueza Luzmary Vallejo. La ONG Codehciu recuerda que Geraldine Tesorero presentó una herida por arma de fuego perteneciente al funcionario Guerrero, que era su pareja hace más de 15 años, según las evidencias de las pruebas balísticas.

La herida le ocasionó la muerte instantánea y desde entonces la familia de la víctima exige justicia más allá de la condición del homicida.

El lunes 13 de noviembre, una vez finalizado el lapso de recepción de pruebas, la jueza Vallejo anunció el cambio de calificación del delito de Femicidio al delito de Homicidio Culposo a los fines de favorecer al acusado. Ante esto, la representante de la fiscalía 16 del Ministerio Público con competencia en Violencia contra la Mujer manifestó disconformidad con esta decisión, en virtud de que se había demostrado en el curso del Juicio Oral y Público la responsabilidad Penal de Carlos Guerrero por el delito de Femicidio Agravado y uso indebido de arma orgánica; previstos y sancionados en los artículos 57 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia1 (LOSDMVLV), como un tipo de violencia penal y autónoma, y en el artículo 115 de la Ley para el desarme y Control de Armas y Municiones, respectivamente.

La oficina legal de Codehciu explica en un comunicado que de condenarse al ex jefe del Cicpc por homicidio culposo, delito establecido en el artículo 409 del Código Penal, será castigado con prisión de seis meses a cinco años.

“Cualquiera de estas condiciones aplicadas al caso en cuestión disminuye significativamente la responsabilidad del homicida, pudiendo además ser beneficiado con una medida cautelar sustitutiva, permitiéndole la libertad”, advierte la ong en el documento.

  La reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, oficializada en la Gaceta Oficial 40.548 del 25 de noviembre de 2014, tipificó el delito de femicidio.  

En cambio, el femicidio (descartado en este caso por la jueza) al ser considerado un delito contra los derechos humanos, la persona que resulve sancionado por este delito no tendría derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena.

En Venezuela, la violencia doméstica - perpetrada contra mujeres- es un fenómeno cada vez más repetido y preocupantemente, enfatizando que mata más mujeres que el hampa.

Durante el 2016, 169 mujeres fueron víctimas de femicidio, según una recopilación de datos hecha por Cotejo.Info2 y reseñada por el diario El Nacional.

El número supera a las que fueron asesinadas por robo o por la violencia criminal, aun así permanece oculto entre las cifras de violencia criminal o invisibilizado en la tipificación cómplice de delitos menos graves.

“Que haya violencia contra las mujeres y peor aún, que se invisibilice su asesinato es un problema de derechos humanos que responsabiliza al Estado venezolano y a sus instituciones encargadas de su resguardo, garantía y protección de acuerdo con los compromisos adquiridos por vía de los tratados internacionales3 y la legislación interna”, afirma la directora de Codehciu, Mairis Balza.

Adicionalmente, prosigue Balza, “comporta un problema para el desarrollo del país, no podemos hablar de que tenemos un país con gran seguridad cuando las mujeres no pueden estar en su casa tranquilas y ahí las empiezan a golpear. La seguridad empieza en la casa, sigue en la calle, el trabajo, la escuela. Y si se está violentando a las mujeres en alguna o todas esas etapas, no existe una sociedad con seguridad ciudadana o derechos humanos”.

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Lo que exige Codehciu

Una vez expuestas las consideraciones antes descritas, la ONG exige al Tribunal Supremo de Justicia una sentencia ajustada a la conducta desplegada por Carlos Guerrero que signifique justicia expedita; transparencia y objetividad por parte de la Jueza Primera de Juicio de Puerto Ordaz estado Bolívar, Luzmary Vallejo; una investigación independiente, oportuna, imparcial, transparente y efectiva sobre las violaciones de los derechos humanos de las mujeres víctimas de femicidio, que permita caracterizar el delito y sancionarlos como un delito autónomo e independiente, conforme a la legislación patria, y por último, “la capacitación de los operadores de justicia y demás funcionarios públicos que actúen en materia de violencia y de los funcionarios públicos en general, para evitar la repetición de hechos como este”

     
 

El femicidio

El femicidio es la forma grave y extrema de violencia de género, causada por discriminación, subordinación, odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, el cual debe ser visibilizado y sancionado como una violación del derecho fundamental a la vida (art 43 CRBV), la integridad personal (art. 46 CRBV), la seguridad ciudadana (art. 55 CRBV) y un problema de salud pública.

El femicidio no puede seguir siendo un hecho aislado, fortuito o excepcional, y debe dársele la importancia que merece.

 
     
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