Jueves, 30 Abril 2015 00:00

Ofensiva contra la corrupción en Guayana quedó reducida a detenciones en Ferrominera

 
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25 de marzo de 2011, el canciller Nicolás Maduro visita Guayana en una marcha de trabajadores 25 de marzo de 2011, el canciller Nicolás Maduro visita Guayana en una marcha de trabajadores FOTO Correo del Caroní / Archivo

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El procedimiento judicial y las averiguaciones en CVG Ferrominera, un caso estratégico para el Gobierno, se ha desarrollado bajo un hermetismo que no ha colaborado con el esclarecimiento del hecho público.

A escasos tres meses de haber sido electo Presidente de la República, aunque con muy poco margen, Nicolás Maduro empuñaba la lanza contra la corrupción ante la opinión pública. El mismo mal que allanó el camino a Hugo Chávez para alcanzar el poder en 1998, ahora erosionaba las bases del chavismo que eran y son testigos del súbito enriquecimiento de algunos funcionarios y empresarios arrimados al gobierno.

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“Aquí tiene que haber un solo patrón, un solo esquema, el esquema simplemente es el Estado venezolano (…) es un tema de saneamiento que tiene que ocurrir”. “¿Qué significa eso? Los flujos: a quién se vende, cómo se vende, las condiciones de venta, los precios de venta, esos son temas que son del Estado porque de eso depende cómo está la contraprestación de esos procesos de venta”. Ex ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, el 15 de mayo de 2014.

La estrategia de Maduro para iniciar su primer trecho de mandato parecía acertada y hasta aplaudida en sectores que votaron en su contra.

El “hijo de Chávez” hacía esfuerzos por enrumbar con determinación una primera política decidida en el país, un gesto además impostergable, que tuvo como centro CVG Ferrominera Orinoco como primer -y único blanco- contra la corrupción.

Por eso en Trujillo y vitoreado por cientos de compatriotas, Maduro imprimía fuerza cuando anunciaba la detención de dos “bandas” el 12 de junio de 2013. Una de extorsión en el Seniat y otra en Ferrominera Orinoco cuyo principal cabecilla, según el Presidente, era el titular Radwan Sabbagh.

Ya casi a gritos, y en una pausa ante la ovación, el mandatario exigía a la Fiscalía máxima severidad contra los delitos de corrupción, “sea quien sea, tenga el cargo que tenga. Voy a fondo, ¡con todo, contra los corruptos!”. (Vítores y euforia).

Ese era y es hasta entonces, aunque sin explicaciones ni respeto al debido proceso de los funcionarios que fueron aliados en la administración del sector industrial, el primer y único paso en serio de Maduro en contra de la corrupción en Guayana.

Chávez asintió el descontento

Significó una medida dura pues el estado Bolívar no ha sido un escenario fácil, ni siquiera para el propio Hugo Chávez quien en 15 años fue incapaz de trascender del verbo incendiario en la agenda anticorrupción.

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“Las investigaciones bien conducidas nos llevaron primero a destituirlo (…) Está involucrado en mafias por todos lados en las empresas básicas, inaceptable que se le dé a esta gente, a un funcionario que se le dé toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”. Nicolás Maduro, 12 de junio de 2013 sobre el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh.

El caso de tráfico de cabillas en Sidor, en el que se detuvo al gerente de comercialización, Luis Velásquez, fue apenas un asomo del comandante que, en 2011, buscaba congraciarse con otro ensayo político de la mano del Plan Guayana Socialista y en consecuencia cargar contra una administración desprestigiada en las bases.

Pese a los allanamientos a empresarios y la detención del gerente que entonces representaba una estocada al gobernador Francisco Rangel Gómez, históricamente cuestionado por un sector de la izquierda, Chávez al poco tiempo comenzó a revertir su intento de “jugársela con las bases”.

Es así como en 2012 los “presidentes-trabajadores” de Sidor y Alcasa que significaban el ascenso del “chavismo de verdad”, son destituidos en ausencia de Chávez y con la intermediación de Nicolás Maduro. Mientras el comandante se trataba el cáncer en La Habana, el entonces canciller sirvió de interlocutor para concretar la destitución.

La decisión significó un revés para los colectivos que empujaron las investigaciones en contra de la “mafia de las cabillas” y de los cupos del aluminio.

El descontento desembocó en un remitido público nacional el 29 de febrero de 2012 el cual fue rechazado por Hugo Chávez desde La Habana cuando exigió irreverencia en la discusión y lealtad en la acción.

“Yo estoy con ustedes. Con diferencias que podamos tener de enfoque, de aquí… de allá, ¡no me importa!, lo único que tiene que unirnos es la honestidad, el compromiso y el trabajo. Pido todo el apoyo para esa nueva directiva”, dijo desde La Habana en respuesta al comunicado y al exigir respaldo a las nuevas directivas.

No significaba cualquier cosa. Por primera vez, en mucho tiempo, un sector del chavismo manifestaba su descontento público y alertaba sobre el “desgaste del proceso revolucionario” en la región propiciado por tres claves: el continúo privilegio del grupo político del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez; la toma de decisiones inconsultas y el favorecimiento a quienes “se han adueñado de Guayana desde hace más de 40 años”.

El grito de los Colectivos Patrióticos de Resistencia Popular Revolucionaria de Guayana defendía que el estado Bolívar “no es el patio trasero del imperio y menos un feudo del gobernador Francisco Rangel Gómez. Por ello (…) hoy planteamos al país la necesidad histórica de seguírsela jugando con el pueblo y la clase obrera, pues hemos demostrado lealtad en la acción en todas las etapas y fases de esta, nuestra revolución bolivariana”.

Algunos asomos

La medida no prosperó y Chávez declinó a favor de Rangel Gómez en plena campaña en la que, además, el Gobierno necesitaba mantener el control político.

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“El que tenga pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja. Sencillamente, que las presenten. Es un compatriota nuestro, es parte del partido (PSUV), es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”, respondió Rangel Gómez (gobernador de Bolívar) al ser consultado sobre las investigaciones en torno al negocio de las cabillas.

Durante un año el tema anticorrupción quedó relegado de la agenda, hasta las elecciones de 2013 cuando Maduro emprende la ofensiva anticorrupción con la Misión Eficiencia o Nada, en parte, para recuperar margen de maniobra y atender un clamor de la bases.

Las investigaciones en Ferrominera por tráfico de mineral y sobornos que llevaron a la detención del presidente de la estatal, cuatro gerentes y un empresario  muy cercano al gobernador Rangel Gómez. El coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi “El Tiburón” y otros empresarios también quedaron presos.

El entonces ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, pasó casi el último semestre en Guayana insistiendo en destapar la corrupción y las redes de comercialización de productos estratégicos, incluso colocando la mirada en la “mafia del aluminio” a la que Chávez se refirió en 2009 en un acto de Ciudad Piar.

“Son vicios muy viejos y son verdaderas mafias que amenazan de muerte a mucha gente. Vamos a actuar con la Disip y la DIM”, comentó el 6 de marzo de 2009 Chávez. “Yo hago un llamado, porque aquí más de uno sabe quiénes son y dónde están ¿Miedo a qué o a quién? Hay que dejar el miedo a un lado”.

ChavezyRangelenPiar6 de marzo de 2009, Hugo Chávez colocaba la piedra fundacional de la Ciudad del Acero en Piar

CRONOLOGÍA

2 de mayo de 2013. Nombran a nuevos presidentes de CVG, Ferrominera, Venalum y Sidor. En Ferrominera Orinoco se destituye a Radwan Sabbagh.

- 8 de mayo de 2013. La Dirección de Inteligencia Militar (DIM) retoma investigación sobre corrupción en Ferrominera Orinoco.

- 9 de mayo de 2013. Expresidente de Ferrominera Orinoco (FMO) amenaza con hablar sobre algunos hechos de los que aseguró tener completo conocimiento.

- 10 de mayo de 2013. Interpelan el responsable de la investigación sobre la comercialización de cabillas en Sidor, el coronel Dionisio Alvarado.

- 15 de mayo de 2013. Para “sanear” las empresas básicas el Ejecutivo decidió centralizar la comercialización de los productos de la cadena del hierro, acero y aluminio.

- 5 de junio de 2013. Ferrominera afronta dificultades para pagar la nómina. Nuevo presidente de FMO reconoce “desangramiento” de las finanzas de la estatal por venta de mineral a precios preferenciales, el pago a empresas navieras por mora, entre otras irregularidades.

- 13 de junio de 2013. Nicolás Maduro anuncia la detención del presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh.

Mas el intento de Maduro fue desplazado de la agenda en 2014 cuando las protestas estudiantiles acentúan la crisis política de la revolución.

Rangel Gómez que parecía haber sido desplazado del escenario político, se posicionó con las “guarimbas” al garantizar el trabajo político de “contraofensiva revolucionaria” para el cual era necesario los mítines, marchas, movilizaciones que este sector oficial ha sabido auspiciar en Guayana.

Ahora cuando la crisis económica y social coloca en apuros al Gobierno, Maduro retoma su campaña anticorrupción con grandes deudas en Guayana.

Sobornos y venta de mineral de hierro

El 12 de mayo de 2013 las investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) daban un giro y el militar que investigaba corrupción en Guayana era citado a declarar en Caracas.

Junto a él, el presidente de Ferrominera Orinoco (FMO), Radwan Sabbagh, y una decena de clientes, gerentes y amigos del PSUV en Ciudad Guayana acudían a Caracas en un interrogatorio recogido en el expediente Nº 47C-16.156-13 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Un mes después Nicolás Maduro anuncia la detención del presidente de la estatal, cuatro gerentes y el empresario Yamal Mustafá, director del Diario Primicia, amigo personal del gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez y contratista del ente regional.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Ferrominera vendió mineral de hierro a precios preferenciales, entre 2010 y 2013, a empresas intermediarias -muchas de ellas sin experiencia en el mercado- que colocaban el producto en el mercado internacional pagando coimas a gerentes y demás funcionarios del Gobierno.

Los detalles se conocieron por la filtración del expediente. Las entrevistas hechas por la policía militar develaron una red de extorsión, pago de coimas y una intrincada red de corrupción política.

Por ese caso el Ministerio Público tiene un expediente abierto por el pago de sobornos al coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Miliar (DGCIM), Álvarez Dionisi conocido por “El Tiburón”, quien llegó a Guayana a investigar el tráfico de cabillas e irregularidades en las empresas básicas.

“El Tiburón” es acusado de los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

     
 

Caso cabillas

Las investigaciones por el tráfico de material ferroso comenzaron en 2009 con la filtración de un informe que, para entonces, dibujaba un mapa de relaciones y presunta corrupción en la administración de Sidor.

El centro de esos primeros documentos se concentraba en las relaciones del director de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, administrador de la cartera de clientes de la acería, y presidente de la comisión de transición en las briqueteras Matesi y Orinoco Iron, dirigente del PSUV y directivo del Club Deportivo Mineros de Guayana.

En 2011 el gobierno decide la detención de Velásquez e investiga supuestos cargamentos de cabillas reguladas que salían por el portón IV de Sidor pero nunca llegaban a su lugar de destino: los mercados ferreteros de la estatal conocidos como Ferresidor.

Velásquez fue acusado el 27 de julio de 2011 (FP12-P-2011-002356) por la presunta comisión de los delitos de concertación de funcionario público con contratista, peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procedimiento licitatorio, tráfico de material ferroso y asociación para delinquir, delitos previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Su detención y la de otros tres funcionarios de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dos supuestos comerciantes dio por terminado el caso. Sólo dos empresarios fueron citados, no hubo más implicados por Sidor en la presunta corrupción, tampoco se presentó una cartera de clientes ni hubo una profundización en la investigación de la red de comercialización de las cabillas, entonces uno de los primeros productos regulados en el país.

Tres años después, Velásquez queda en libertad tras extendérsele una medida de sobreseimiento otorgada a Gran Alexander Ritchie Silva y Eduin Flores Suloaga en diciembre de 2014, los únicos empresarios imputados en más de una decena de empresas investigadas.



Mafia del aluminio

El sector aluminio producía por encima del 80 por ciento de su capacidad instalada cuando por primera vez se habló con determinación de las “mafias del aluminio”, en el 2007.

El sociólogo Carlos Lanz estaba al frente de CVG Alcasa y lideraba en esa fábrica un inédito proceso de cogestión que, entre otros puntos, devino en la consignación de una Propuesta de Desarrollo Integral para Guayana (crítica de los monopolios y carteles entronizados en la región) en la Asamblea Nacional.

En ese documento, Lanz analizaba las redes de comercialización en Guayana y el entramado de corrupción con el que grupos de poder operaban en la zona.

“Ya no pueden engañarme. Sé cómo se mueven los capitales, cuáles son los intereses”, declaró el ex titular de la fábrica días después de entregar la denuncia en la Comisión de Contraloría.

En lo sucesivo Hugo Chávez ordenó una investigación sobre los cupos de aluminio en al menos tres oportunidades, mas ninguno de sus exhortos trascendió al verbo incendiario del “comandante”.

Dos meses después de la investigación de la DIM en Sidor a propósito de la comercialización irregular de cabillas, el 23 de agosto de 2011, el primer mandatario llamó a todos los componentes del Estado “a luchar contra las viejas mafias del oro, aluminio, acero y cabilla, que imperan en el estado Bolívar”.

El próximo en acercarse fue el entonces titular ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, quien en 2013 pidió una investigación a fondo -y “hasta las últimas consecuencias”- al Ministerio de Interior y Justicia sobre la red de comercialización de aluminio primario en las empresas básicas.

“Éste es un tema crucial para el rescate de nuestras empresas básicas, para estar a la altura de la moral de los trabajadores de base y del mandato dado por el comandante Chávez”, dijo Menéndez apenas unos meses de la implementación de la Misión Eficiencia o Nada y cuando una cuadrilla de inspectores del Ministerio de Seguimiento y Gestión del Gobierno recorría las empresas básicas. Meses después Menéndez fue destituido y agotado el caso.

     
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