Viernes, 16 Febrero 2018 00:00

Régimen de Maduro recurre a la persecución laboral ante colapso de la industria estatal

 
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El secretario general del Sindicato Único de la Clase Trabajadora del Sector Eléctrico del Distrito Capital, estado Vargas y estado Miranda (Siuctraelec), Elio Palacios, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la noche del martes 13 de febrero en su casa, en el estado Carabobo, luego de que difundiera un audio entre trabajadores en el que advertía del colapso eléctrico.

En el mensaje, el dirigente exhorta al Ejecutivo a revisar las condiciones de trabajo. “Tenemos un caldo de cultivo para un apagón. Como responsable, tengo que decirlo a la opinión pública, no se va a tratar de un sabotaje ni una falla generada por los trabajadores, al contrario, en este momento la energía que está llegando a los hogares venezolanos es por la experticia y el corazón que le están poniendo los trabajadores”, analiza Palacios en un audio en el que no se precisa fecha ni procedencia.

Advertía del riesgo para los trabajadores y analizaba qué medidas de protesta podían emprender porque “no es un tema de hacerle un llamado al Presidente de la República ni a la Asamblea Nacional Constituyente porque esto es una política de Estado. ¿Vamos a pedirle al verdugo que nos perdone? No hermano, hay que hacer un plan de lucha”.

Se trata del cuarto dirigente sindical detenido en menos de dos meses en Venezuela, y parte de los más de 150 trabajadores que han sido procesados por protestar mejores condiciones laborales en la última década, según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea.

Acorralar a la disidencia

Palacios, sin embargo, no es cualquier dirigente dentro de la Federación de Trabajadores Eléctricos de Venezuela. Ha sido un seguidor de Hugo Chávez y funcionario de la milicia obrera organizada por Nicolás Maduro. La organización que preside, de hecho, es un sindicato fundado en paralelo al Sindicato de Trabajadores Eléctricos, Similares y Conexos del distrito Capital, estado Miranda y estado Vargas (STE).

La arremetida, por lo tanto, se inscribe dentro de un patrón de aniquilar a la disidencia ideológicamente más cercana al régimen; un sector que ha ido creciendo también en las filas obreras pero con un alto costo para el fragmentado movimiento sindical del país.

Los dirigentes lo saben y por eso desde hace meses la protesta laboral, que punteaba todos los indicadores de conflictividad, ha sido rebasada por otras consignas sociales.

En 2015 los trabajadores lideraron las protestas sociales en Venezuela. 33% de las protestas contabilizadas por Observatorio de Conflictividad Social en 2015 fueron por demanda de derechos laborales, unas 1910 manifestaciones.

“Nos parece muy peligroso lo que está ocurriendo con los dirigentes sindicales, así con las violaciones de los derechos laborales que no se cumplen”, manifestó el presidente de la Federación de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec), Ángel Navas, a Correo del Caroní, al tiempo que informó que hasta este jueves al mediodía no habían podido constatar las condiciones de reclusión del dirigente de Corpoelec en los calabozos del Sebin en Naguanagua.

Así como Palacios, Nava se hizo eco de la renuncia masiva de trabajadores de la industria eléctrica. Según sus cuentas, 30 mil en los últimos seis meses. A los que se quedan, comentó, viven un acoso perenne o se les pretende jubilar si reclaman o denuncian las condiciones de la estatal. “Es una situación de terror laboral”. Una fuga de talento que no escapa a otras empresas estelares del país, como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Sidor y el parque briquetero.

Se trata, dice el líder de Fetraelec, de una “gestión militarista que desconoce al movimiento sindical en su conjunto”.

El secretario general del sindicato de la antigua Edelca, Alexander Arcia, también se solidarizó con Palacios. “Eso que están haciendo va en contra de los principios sindicales, la libertad de expresión y sindical”. Otros trabajadores, como el sindicato de Lácteos los Andes, el Partido Comunista y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) condenaron la persecución contra el movimiento obrero.

“La detención del compañero es para aterrorizar a los trabajadores y empleados de Corpoelec y mantener en secreto la situación laboral tan dramática, tanto en las condiciones técnicas como en el grave deterioro de los salarios y la seguridad social”, destaca un comunicado de la CTV.

En el caso del Partido Comunista, el secretario general, Oscar Figuera, anunció que solicitarán solidaridad pública a la Federación Sindical Mundial (FSM) y a la Unión Internacional de Sindicatos (UIS).

En Ciudad Guayana, por ejemplo, los sindicatos chavistas de la antigua Cadafe hace meses que no se pronuncian ni lideran protestas como era frecuente. Un silencio que se ha ido profundizando desde 2015 luego de tres hechos puntuales: la detención de tres trabajadores de Sidor durante siete meses en el Sebin, el despido de trabajadores en las últimas elecciones de 2015 por firmar a favor del revocatorio y el sicariato al secretario general del sindicato de trabajadores de Bauxilum, Joel Alcalá.

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Patrón de criminalización

Así como a Palacios, otros dirigentes con fuero sindical han sido detenidos en los primeros días de 2018.

De acuerdo a la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Márcela Máspero, suman cuatro los sindicalistas presos por protestar o manifestar, así como cuatro trabajadores petroleros detenidos y procesados acusados de robo en condiciones aún no esclarecidas.

El último caso ocurrió en Lácteos Los Andes, en el estado Lara, donde fueron detenidos el presidente y el secretario general después de protestar por la discusión del contrato colectivo y la reactivación de la planta de jugos.

Los trabajadores de la estatal fueron buscados en sus casas, procesados y puestos en libertad condicional con régimen de presentación cada 15 días.

Recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) canceló su misión a Venezuela por desacuerdos en la agenda pautada por el Gobierno, informó el portavoz de la OIT, Hans von Rohland.

Los continuos aumentos salariales discrecionales, seis solo en 2017, han podido frenar el éxodo masivo de trabajadores y el deterioro de la calidad de vida acelerado por la hiperinflación. En promedio, un trabajador de la industria estatal gana entre 3 y 5 dólares mensuales, el más bajo de la región.

RECURSO
Criminalizados por protestar (2014)

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