Martes, 21 Febrero 2017 00:00

ONG demuestran con 100 sentencias la subordinación del TSJ a los intereses del Gobierno durante 14 años

 
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Un libro de 100 sentencias fue publicado para tratar las injusticias y violaciones de derechos humanos Un libro de 100 sentencias fue publicado para tratar las injusticias y violaciones de derechos humanos Fotos Aníbal Barreto

En Venezuela el acceso a la información luce la misma cara triste del poder adquisitivo, el abastecimiento alimenticio y la seguridad en las calles; esto seguro origina en el ciudadano la necesidad permanente de que entes públicos se aboquen a dar información verídica sobre la gestión (o no) de los funcionarios que llevan las riendas del país.

Estas carencias llevaron a siete ONG a emprender una nueva campaña, dura, y llena de obstáculos, para generar en el ciudadano las ganas de denunciar y entender el contexto país que lo afecta.

Transparencia Venezuela, junto a otras seis organizaciones, compiló en un libro gratuito un historial de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, como denuncian, entorpecen ciertos derechos humanos vinculados al acceso a la información y a la calidad de vida.

Ataques a medios de comunicación como CNN en Español, cuya trasmisión fue cancelada en Venezuela; Correo del Caroní, señalado de difamador; y también el bloqueo perenne del suministro de papel periódico a diarios como El Carabobeño, solo entorpecen más la búsqueda del venezolano de conocer el porqué de sus penurias. Como los explicaron representantes de estas organizaciones, este martes en el Hotel Mara Inn en Puerto Ordaz.

  El documento también es evidencia firme de la vulneración de la libertad de expresión, e incluso coloca en tela de juicio el puesto de funcionarios públicos, como ciertos magistrados que no cumplen con los requisitos para ejercer sus funciones.       
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El documento, titulado Memorial de Agravios 2016, puesto a la luz gracias a periodistas, abogados e incluso doctores, también es evidencia firme de la vulneración de la libertad de expresión, expuesta en 100 sentencias que incluso ponen en tela de juicio el puesto de funcionarios públicos, como de ciertos magistrados que no cumplen con los requisitos para ejercer sus funciones.

Solo hace falta leer el nombre del segundo de los 12 capítulos que tiene, para revelar el tono de la investigación que abre paso a los señalamientos de negligencia expuestos en el resto del documento de 155 páginas: Los 7 pecados capitales del Tribunal Supremo de Justicia.

Sentencias y censura

No solo es el papel periódico limitado lo que repercute en el acceso a la información de miles de venezolanos. Son el dato, la información, el periodista, el medio, pero sobre todo, la gente. Muchos castigados por la mano de un gobierno temeroso a la verdad.

Fueron publicadas 100 sentencias de diferente índole en el documento, entre las que entra en parte el tema de la libertad de expresión y los desafíos de la información que los medios venezolanos sufren.

Espacio Público fue el organismo encargado de esta parte, en la que se mencionó una serie de decisiones judiciales que atentaron contra la libertad de expresión en medios particulares.

 

ComillasAMARILLASDesde el año 2003, la Sala Constitucional no ha dictado una sola sentencia que sea desfavorable a los intereses del Gobierno”. Con esta frase empieza a justificarse el primer pecado: la falta de imparcialidad. El dato es ofrecido por un estudio elaborado por la organización Un Estado de Derecho, publicado en el 2014.
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Destacan: en el 2011 el diario El Venezolano, con una prohibición de publicar información sobre temas relacionados a Francisco Rangel Escobar, hijo del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, vinculadas a la presunto tráfico de cabillas en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor).

Otro protagonista de esta violación es Correo del Caroní, después de que en el 2013 el ciudadano Yamal Mustafá demandara por difamación agravada al director del medio, David Natera Febres, por los trabajos que lo vinculan a hechos de corrupción en Ferrominera Orinoco.

Se suma un episodio del año pasado donde la Sala Constitucional prohibió videos de linchamientos; también cuando en el 2015, el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó por difamación a la directiva de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por reproducir trabajos del diario ABC España que lo vinculan al narcotráfico.

Pecados del TSJ

“Desde el año 2003, la Sala Constitucional no ha dictado una sola sentencia que sea desfavorable a los intereses del Gobierno”. Con esta frase empieza a justificarse el primer pecado: la falta de imparcialidad. El dato es ofrecido por un estudio de la organización Un Estado de Derecho, publicado en el 2014.

La falta de independencia, de transparencia, no celebración de concursos, el nepotismo, el irrespeto a organismos internacionales y el incumplimiento de los requisitos para ser magistrados, figuran entre el resto de los pecados reflejados en el libro.

El capítulo narra otras circunstancias políticas, como una que ocurrió en el 2009 cuando la entonces presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, apoyó anular la separación de poderes públicos, alegando que la división de estos solo era factor debilitante para el Estado. Esto figura en el documento como un componente que evidencia la falta de independencia de los organismos.

transparencia2Ponentes como Oswaldo Cali y Mairis Balza expusieron este martes sobre la importancia del acceso a la información

Morales también es señalada por el uso del nepotismo: “La expresidenta del organismo llegó a ubicar a sus tres hijas en el máximo juzgado o en otras instancias como la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo o la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Dos de ellas aún siguen en el TSJ”.

Los incumplimientos de los requisitos necesarios para ser magistrados son otros componentes que juegan un papel fundamental en el capítulo, precisa la publicación.

Se expresa que hay dudas sobre la idoneidad de la mayoría los 32 magistrados. Entre los casos aparece el de Maikel Moreno, que en los años 90 enfrentó un par de procesos judiciales por homicidio. Por otro lado, 10 de estos ocuparon cargos de elección o designación en el Gobierno y el Parlamento, lo que viola el requisito de no tener militancia política.

¿Jueces electos injustamente?

El libro presentado por las ONG también explica por qué el proceso de elección de los magistrados del TSJ ha sido violatorio de las disposiciones correspondientes que establece la Constitución.

Señala cuatro puntos que otorgan un panorama a la carencia de cumplimiento de elementos constitucionales: la normativa sobre el proceso de elección de los magistrados; un análisis del procedimiento de elección de los magistrados del año 2015; los resultados de estos; y las acciones de la Asamblea Nacional (AN) para recuperar la institucionalidad del TSJ.

 

ComillasAMARILLAS Derecho que no se pelea, no existe”, así lo alertó la periodista, profesora y representante regional de Transparencia Venezuela, Alba Perdomo, durante la presentación del libro este martes en la mañana.
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Según la organización Acceso a la Justicia, de los 13 magistrados principales, nombrados en el 2015, el 77% de estos (10 de 13) no cumple con los estándares mínimos que exige la Constitución.

Las razones son varias. Por un lado, los elegidos deben ser poseedores de muchas más credenciales que las que exigen las normativas constitucionales pero, como lo alerta el documento, solamente tres de los magistrados cuentan con el requisito.

Y no es lo único grave. De los 10 restantes, ocho no habían ejercido la abogacía por un tiempo de al menos 15 años al ser electos, ni cuentan con posgrados en derecho.

El ciudadano como amenaza

“Derecho que no se pelea, no existe”, alertó la periodista, profesora y representante regional de Transparencia Venezuela, Alba Perdomo, durante la presentación del libro este martes en la mañana.

La importancia de la acción ciudadana para la denuncia es otra de las variables que estas organizaciones buscan defender. Pero también impulsar. Porque ven en los venezolanos, afectados por injusticias administrativas, judiciales y sociales, la capacidad de generar el cambio que necesitan y hacer valer sus derechos.

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Mairis Balza, abogada, fue una de las ponentes. Señaló que el Memorial de Agravios es importante no solo para el periodista y el resto de profesionales que se dedican al área jurídica, sino también para aquel ciudadano de a pie que se ve afectado por la situación país.

“El conocimiento de la situación es importante. Es fácil salir de cómo estamos si se tiene una visión global. Es importante que el ciudadano conozca cómo está el sistema y la estructura de su país”, recalcó Balza este martes.

Incluso existe dentro del documento un capítulo entero titulado De órganos de justicia a instrumentos de persecución política. En este se añaden violaciones que impiden la participación ciudadana, y explican hechos como la detención arbitraria de venezolanos.

El capítulo, a cargo del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), resalta que: “Del estudio realizado se desprende que el tipo de patrón de persecución que más ha sido utilizado por parte del Gobierno es la apertura de procedimientos de carácter judicial o administrativo en contra de quienes disiden de su gestión”.

Siete ONG y 100 sentencias del TSJ son argumento suficiente para demostrar una verdad que cae por su propio peso: la falta de autonomía del Poder Judicial, evidenciado en sus innumerables fallos a favor del Ejecutivo, su uso como instrumento de castigo a la disidencia, pero sobre todo, su alejamiento de su razón primigenia: la impartición de justicia, pilar necesario para la construcción de la democracia.

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