El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad.

En su discurso, el presidente devenido en dictador no se refirió a la economía y, en cambio, se dedicó a nombrar supuestos culpables de la crisis y a anunciar medidas populistas.

Irregularidades rodearon el operativo de captura contra el ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y sus compañeros, el cual terminó con su ejecución extrajudicial, la muerte de dos funcionarios de las FAES y otros siete resultaron heridos. El ministro de Interior, Néstor Reverol, confirmó este martes, 24 horas después del hecho, el asesinato del piloto omitiendo los nexos del régimen con grupos paramilitares para realizar operativos especiales.

La caravana donde viajaba la víctima fue seguida desde que salieron del Hotel Andrea, en Upata, y atacada a tiros en el sector Los Rosos, a pocos minutos de San Félix.

Los desaparecidos salieron el domingo a pescar en una finca en la vía al kilómetro 70. Uno de ellos llamó a su familia para alertar que estaban heridos de bala. Desde entonces, nada se sabe de ellos.

La Sociedad Venezolana de Anestesiología reclama justicia tras el asesinato del doctor Pablo Asuaje, de 44 años, la noche del 1 de enero en Puerto Ordaz. El crimen ha conmocionado al gremio médico levantando su voz contra la delincuencia que impunemente azota al país y la vulneración del derecho a la vida.

El martes culminó el plazo para que el Ministerio Público presentara los actos conclusivos sobre el asesinato del estudiante de la UCAB Guayana, en el que el presunto autor material del crimen sigue prófugo.

Padres y abogados en el caso del estudiante de la UCAB Guayana asesinado el 21 de octubre ofrecieron detalles sobre las trabas en las investigaciones. Exigen que el crimen no quede impune.

Denuncian irrupciones violentas a sus hogares, sin orden judicial alguna, para robar efectivo, oro y demás bienes personales.

El Tribunal 2º de Control ordenó la cárcel de La Pica como centro de reclusión para Oswaldo Ojeda, uno de los cinco implicados en el homicidio del estudiante de Derecho de la UCAB Guayana, José Alberto Arreaza.

Página 1 de 59

Estudiantes de distintos doctorados de la UPEL expondrán sus proyectos en el auditorio de la Unexpo este miércoles a partir de las...

Mientras la coordinación de pregrado asegura que están listas 10 de las 11 aulas reacondicionadas en el campus, Apuneg asegura que...

La coordinadora general de Pregrado, Holanda García, informó que las reparaciones de las aulas afectadas se realizarán en un lapso...

La Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos presentó este mes un informe sin precedentes a nivel naciona...

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) tomó la decisión la semana pasada, luego de una inspección. Grietas, f...