Autoridades académicas, estudiantes, ONG y entes públicos participaron en un foro que recalca que sin igualdad ni justicia, el desarrollo sostenible seguirá siendo una tarea inconclusa.

Las fumigaciones casa por casa para erradicar el mosquito y prevenir contagios disminuyeron en 2 mil por ciento en la entidad, de acuerdo con la revisión de las dos últimas memorias y cuentas publicadas por el Ministerio de Salud, correspondientes a los años 2014 y 2015. La epidemia de malaria no llegó de sorpresa y el sufrimiento de cientos de miles de familias en los ambulatorios por falta de tratamientos pudo evitarse.

Contradicciones, violaciones a la Constitución y al Derecho Penal son solo algunas de los exabruptos con los que la dictadura, amparada en su brazo jurídico, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sigue persiguiendo a la disidencia política del país; en este caso, al vicepresidente de la Asamblea Nacional.

La ONG advierte en su análisis que “cuando tu derecho al voto es desconocido y con ello los resultados electorales, cabe asumir que la arbitrariedad es la norma”

Representantes de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz denunciaron que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) representa la consolidación de una dictadura en el país, pues "busca afianzar su hegemonía política y profundizar todas las acciones que en los últimos años quebrantaron la institucionalidad democrática".

Luisa Pernalete (Fe y Alegría), Alí Daniels (Acceso a la Justicia) y Rafael Uzcátegui (Provea) destacan la importancia de la participación ciudadana en las elecciones del 15 de octubre, pese a las trabas impuestas por el CNE. Conciben este proceso como una respuesta a todos los abusos de la dictadura para mantenerse en el poder, además de demostrar que la verdadera voluntad del pueblo es la de una mayoría que exige cambios en el país.

LA ONG Acceso a la Justicia explica en ocho puntos las implicaciones del retraso del Consejo Nacional Electoral para cumplir con la Lopre y permitir la sustitución de candidaturas para las regionales del 15 de octubre.

La ONG Acceso a la Justicia cuestiona no solo el incumplimiento de la orden del Tribunal 5º de Control Militar, que correspondía con la liberación de los 27 estudiantes de la UPEL, también el desacato por parte de la Policía de Aragua, considerando que se debió abrir un procedimiento por no acatar la medida del juez.

Director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado, subraya que la población reclusa en Venezuela sobrepasa las 100 mil personas, en cuyos procesos judiciales hay violación a las garantías.

El Decreto nro. 3.074 del pasado 11 de septiembre prevé la implementación de medidas extraordinarias en el ámbito social, económico y político. Tal como los decretos anteriores, con los que además se gobierna por decretos y hace a un lado el mandato constitucional.

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