En noviembre de 2017, las empresas básicas de Guayana fueron adscritas a la Vicepresidencia de la República, entonces a cargo de El Aissami, quien nunca visitó las plantas ni informó de proyectos de reimpulso. Menéndez tampoco es ajeno a las industrias, pues fue ministro de este despacho durante 25 meses.

La falta de personal médico se hizo sentir este lunes en la emergencia del Hospital Uyapar de Puerto Ordaz, cuando desde tempranas horas de la mañana pacientes pediátricos no habían sido atendidos, no solo por falta de insumos y medicamentos, sino por falta de pediatra. Esta situación ya había sido advertida y que se ha agravado desde el cierre del Centro Pediátrico Menca de Leoni en San Félix, a pesar de las promesas electoreras que lanzó hace menos de un mes Nicolás Maduro durante una de sus visitas a la región.

El partido cuestiona que tras el proceso del 20 de mayo, aún no hay una ruta clara de quienes llamaron a la no participación. Por otra parte, reiteraron la impugnación, no por los resultados, sino por el abuso del régimen al ofrecer un bono para estimular el voto a su favor, lo que recordó el caso -aún sin resolver- de la representación parlamentaria de Amazonas.

Este sábado 9 de junio se cumplió un mes de la aprobación de la nueva contratación colectiva y los trabajadores no perciben aún los beneficios

Una madre llora desesperanzada cuando acudió al Hospital Uyapar con su hijo enfermo y no lo aceptaron por no tener ni cama ni insumos para recibirlo. El único centro pediátrico de Ciudad Guayana permanece cerrado, lo que reduce las opciones a familias de bajos recursos. Los hospitales están colapsados, las autoridades no dan respuestas y el régimen de Nicolás Maduro, deslegitimado, se lava las manos negando la crisis del sector salud o atribuyéndola a sanciones internacionales, las cuales han sido dirigidas a funcionarios en específico. En todo caso, el problema es desde mucho antes.

Solo tres naciones -Bolivia, Dominica y San Vicente y Granadinas- se pusieron del lado de Venezuela y votaron contra resolución de la OEA. Aliados tradicionales del gobierno votaron en contra o se abstuvieron.

Enfermos de cáncer. Seropositivos. Pacientes renales. Trasplantados. Familiares. Organizaciones no gubernamentales: todos se unieron este martes en una protesta que, aunque comenzó como exigencia de programas de trasplantes y de diálisis terminó como jornada de repudio en contra de un ministerio y, por añadidura, contra un régimen que se empeña en disminuir su calidad de vida al convertir en desaciertos las políticas de Estado: tal y como ocurre con la seguridad y con la alimentación, por decir lo menos, hoy la salud es uno de los derechos menoscabados en la Venezuela chavista. Por ello, lo de ayer fue, sin duda, un acto de rebelión ciudadana.

En la segunda y última sesión de esta cita de los cancilleres estaba previsto que se votara el texto con la propuesta, que de ser aprobado sin cambios, supondría el inicio del proceso de suspensión de Venezuela en la organización que aúna a los países de América.

Los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, y los dirigentes Raúl Emilio Baduel y Wilmer Azuaje, salieron este fin de semana de sus lugares de reclusión: los lugares en los que no debieron estar nunca porque ninguno de ellos cometió delito. Sus casos son, por tanto, muestras de la autocracia que acorrala las libertades. Todavía quedan varios, de la lista ofrecida por funcionarios de la dictadura, por liberar.

El diputado a la Asamblea Nacional hizo énfasis en la reunificación de factores democráticos, especialmente en dirigentes parroquiales, para retomar las estrategias para un cambio político en Venezuela, que incluya el adecuado acompañamiento a protestas sociales.

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